La demanda de cuidados a largo plazo está aumentando en todo el continente americano debido al envejecimiento de la población, aunque persisten brechas significativas entre la política y la implementación. Si bien el 88% de los países de la región han incorporado los cuidados a largo plazo en su legislación o políticas, solo 15 de los 35 Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuentan con un sistema formal financiado con recursos públicos. Un informe conjunto de la OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo advierte que la financiación pública insuficiente obliga a las familias a asumir la mayor parte de la responsabilidad y los costos. Las proyecciones indican que para 2050, 306 millones de personas en las Américas, lo que representa más de una de cada cuatro residentes, tendrán 60 años o más. Mary Lou Valdez, Directora Adjunta de la OPS, enfatizó que invertir en cuidados a largo plazo no es simplemente un gasto, sino una inversión crucial en individuos más sanos, familias más fuertes y sociedades más resilientes.
En el ámbito de la seguridad marítima, las Naciones Unidas han emitido una advertencia sobre la naturaleza dual de las nuevas tecnologías. Dado que más del 90% del comercio mundial de mercancías se transporta por mar y más del 99% de los datos fluyen a través de cables submarinos, los riesgos son altos. Earle Courtenay Rattray, Jefe de Estado Mayor del Secretario General de la ONU, se dirigió al Consejo de Seguridad para señalar que, si bien la inteligencia artificial, los sistemas autónomos y los drones pueden mejorar la detección de actividades sospechosas y proteger la infraestructura crítica, también introducen nuevas amenazas. Estas tecnologías podrían facilitar ciberataques, interferencias en la navegación y errores que exacerben las tensiones. Rattray abogó por una cooperación internacional reforzada, supervisión humana, transparencia y rendición de cuentas, subrayando la necesidad de que todas las naciones evalúen y regulen estas herramientas para garantizar que no pongan en peligro a los marineros, las comunidades costeras o la paz internacional.
Los esfuerzos globales para restaurar la naturaleza están acelerándose, con aproximadamente 252 millones de hectáreas en 149 países actualmente en proceso de restauración. Esta área, casi del tamaño de Argentina, representa el esfuerzo documentado más grande de su tipo y ya ha generado más de un millón de empleos verdes. Inger Andersen, Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), describió esto como el nacimiento de uno de los movimientos más grandes de la historia en favor de la naturaleza. Sin embargo, un informe presentado en la conferencia sobre biodiversidad en Armenia indica que la financiación actual es insuficiente para cumplir con los objetivos globales de restaurar mil millones de hectáreas para 2030 y proteger el 30% de los ecosistemas. Para lograr estos objetivos, la financiación anual debe más que cuadruplicarse, pasando de 64.000 millones de dólares a 296.000 millones de dólares. Tal inversión podría crear hasta 32 millones de empleos en todo el mundo para 2030.
La contaminación tóxica sigue siendo identificada como una grave crisis de derechos humanos que amenaza los derechos fundamentales a la vida, la salud y el acceso al agua y a los alimentos. Bethanie Carney Almroth, Relatora Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, declaró que, a pesar de haber transcurrido tres décadas desde la creación del mandato, la crisis persiste debido al aumento de la producción química, el consumo insostenible y controles inadecuados. Los impactos afectan desproporcionadamente a niños, mujeres, pueblos indígenas, trabajadores y comunidades pobres, a menudo persistiendo durante generaciones incluso después de que las instalaciones cierren o los conflictos terminen. Almroth instó a un cambio en la gestión de la contaminación hacia su prevención, abogando por la eliminación progresiva de las sustancias más peligrosas, la responsabilidad corporativa, una mayor cooperación internacional y medidas para garantizar reparaciones para las víctimas.
Fuentes: UN News Spanish.