El lunes, la Corte Suprema de EE. UU. falló en contra del intento del Gobierno de Trump de obligar a las autoridades electorales de California a apartar las papeletas de personas que, según afirma el Departamento de Justicia, no son ciudadanas. Varios tribunales inferiores también habían fallado a favor de las autoridades estatales, que sostenían que el Gobierno federal estaba interfiriendo en las elecciones estatales.
La disputa se produjo después de que el Departamento de Justicia afirmara que 20.000 personas no ciudadanas figuraban en los registros electorales de California. A mediados de octubre, el departamento envió a las autoridades electorales de Los Ángeles y Sacramento una memoria USB con nombres y les dio 48 horas para revisar la lista. Amenazó con emprender acciones legales si las autoridades no retenían las papeletas correspondientes hasta que las personas nombradas pudieran verificar su ciudadanía. Las autoridades se negaron, lo que desencadenó una serie de batallas judiciales.
Las autoridades estatales y los grupos defensores del derecho al voto cuestionaron la fiabilidad de la lista y pusieron en duda cómo se había elaborado. El Departamento de Justicia no proporcionó detalles sobre su metodología, mientras que el análisis de las autoridades electorales identificó indicios de que la lista contenía inexactitudes. Dean Logan, secretario y registrador del condado de Los Ángeles, dijo que el departamento no había proporcionado las pruebas ni las fuentes que respaldaban su afirmación de que las personas identificadas no podían votar.
El Gobierno también ha amenazado con procesar a las autoridades electorales que tramiten papeletas que considera no válidas, abrió en California una investigación penal por presuntos votos emitidos por personas no ciudadanas y citó a las autoridades electorales. El 28 de octubre, un juez federal de distrito rechazó su petición de separar las papeletas.
El Departamento de Justicia ha formulado una exigencia similar en el estado de Washington y presentó cargos penales contra 28 titulares de tarjetas de residencia permanente de California, a quienes acusa de haberse registrado fraudulentamente y haber emitido votos ilegales. El artículo también informa que los datos y los expertos indican que el voto de personas no ciudadanas que no cumplen los requisitos es extremadamente infrecuente.
Fuentes: The Guardian World.