Polonia se enfrenta a una crisis cada vez más intensa en su Tribunal Constitucional, sin que sea visible ningún compromiso entre el gobierno liberal-conservador gobernante liderado por Donald Tusk y las fuerzas opositoras de derecha encabezadas por el partido PiS. La situación se agravó este fin de semana con disturbios fuera del edificio del tribunal, lo que llevó al presidente Karol Nawrocki a cortar abruptamente un viaje en el extranjero. Esto ocurre tras la suspensión del presidente del tribunal y su vicepresidenta, dejando a la institución incapaz de funcionar eficazmente.
El Tribunal Constitucional ha estado paralizado durante años debido a una disputa sobre los nombramientos judiciales. Mientras que el nuevo gobierno eligió nuevos jueces a través del parlamento, la facción PiS se niega a reconocerlos, argumentando que los jueces nombrados durante su mandato anterior siguen en sus puestos. En consecuencia, el tribunal no puede dictar sentencia sobre la constitucionalidad de las nuevas leyes. Anna Korwin-Piotrowska, quien fue elegida recientemente por el parlamento y ejerce como presidenta interina, declaró que actualmente hay más de 1.000 casos a la espera de juicio, siendo los más antiguos de 2013.
El presidente Nawrocki se ha negado a prestar juramento a Korwin-Piotrowska ni a otros cinco jueces recién elegidos, impidiendo que asuman sus funciones. Zbigniew Bogucki, quien dirige el bufete de abogados de Nawrocki, describió la situación en su canal de YouTube como un golpe contra un órgano constitucional. En respuesta, el primer ministro Tusk defendió las acciones del gobierno, expresando confianza en que el tribunal reanudará su trabajo según lo previsto, aunque no ofreció ningún plan específico sobre cómo ocurriría esto.
Los observadores sugieren que ambos campos políticos se benefician de la escalada mientras se preparan para las elecciones parlamentarias programadas para el próximo otoño. Krzysztof Izdebski de la Fundación Batory señaló que, si bien ambos bandos persiguen sus propias ambiciones, el estado de derecho está sufriendo. La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos criticó la suspensión de la anterior dirección del tribunal, afirmando que no existe base legal para tal movimiento. El profesor de derecho constitucional Ryszard Balicki advirtió que solo los políticos se benefician de este conflicto, mientras que los ciudadanos pierden la protección de un poder judicial independiente contra el abuso estatal.
Se espera ahora que todos los jueces constitucionales, incluidos aquellos elegidos por el nuevo gobierno y los de la era PiS, decidan conjuntamente el futuro del tribunal, aunque un consenso sigue siendo incierto. Mientras tanto, el presidente Nawrocki está convocando al Consejo de Seguridad Nacional, donde la crisis del Tribunal Constitucional será un tema central de discusión.
Fuentes: Tagesschau.