El autor recuerda vívidamente cómo huía de la policía en la plaza del Rossio de Lisboa el 12 de octubre de 1973, una época en la que no existía la libertad de reunión bajo la dictadura de Marcello Caetano. Habiendo vivido esa era, donde los manifestantes eran etiquetados como "desobedientes" y enfrentaban una fuerza brutal por parte de oficiales como el Capitán Maltez, afirma una distinción clara entre protestar en una dictadura y hacerlo en una democracia. Sugiere que a aquellos que actualmente se autodenominan almas atormentadas se les debería preguntar dónde estaban durante la revolución del 25 de abril, enfatizando que el contexto de las acciones de hoy difiere fundamentalmente del pasado.
Mientras defiende la libertad de expresión hasta el punto de incluir la libertad de ofender, el autor argumenta que los derechos en conflicto requieren un equilibrio en lugar de un ejercicio ilimitado. Apoya el análisis legal presentado por Vital Moreira, el cual establece que instalar tiendas implica la apropiación exclusiva del espacio público en detrimento de la libertad de circulación de todos los demás. El autor señala que nadie tiene derecho a apropiarse privadamente del espacio público sin una licencia estatal o municipal, lo que hace que la ocupación salvaje sea incompatible con el régimen de uso común.
Con respecto a la reciente decisión judicial que permitió a Renata Cambra instalar una tienda, el autor aclara que la sentencia no establece un derecho colectivo ilimitado para ocupar espacios públicos. El documento de 78 páginas del juez limita explícitamente el alcance a la situación específica de la solicitante, prohibiendo la ocupación permanente o estructuras que afecten significativamente el uso por parte de terceros. Critica a los partidos de oposición y a los manifestantes por enmarcar esto como una libertad absoluta, calificando tales afirmaciones como demagógicas.
El texto desafía además la narrativa de que los manifestantes recientes fueron enteramente pacíficos, argumentando que muchos militantes utilizaron el pacifismo como máscara para provocar enfrentamientos con la policía y buscar la victimización. El autor señala que la intervención policial en Porto solo ocurrió después de días de solicitudes repetidas para retirar las tiendas, lo que sugiere que las protestas estaban preparadas para el confrontamiento. Sostiene que la vivienda fue meramente un pretexto para la revolución, con el núcleo radical manteniéndose pacífico solo por táctica y no por convicción.
Finalmente, el autor cuestiona la coherencia de aquellos que defendieron el derecho de Cambra a protestar, preguntando si apoyarían acciones similares por parte de figuras como André Ventura o grupos como Reconquista en lugares como Martim Moniz. Sugiere que, si bien el derecho a manifestarse es sagrado, no anula otros derechos, y ni siquiera los fines laudables justifican cualquier medio. El artículo concluye rechazando las comparaciones entre el contexto democrático actual y el pasado autoritario, notando la diferencia entre enfrentar al Capitán Maltez entonces y al Intendente Iúri Rodrigues ahora.
Fuentes: Observador.