Se ha publicado una carta abierta dirigida al Ministro de Educación portugués, en la que se afirma que el principio de subsidiariedad del Estado está explícitamente consagrado en la Constitución nacional, en lugar del centralismo. El autor cita el artículo 6 de la Constitución portuguesa, que ordena que el Estado respete la autonomía local y la descentralización democrática, argumentando que este principio es vinculante y no meramente recomendatorio. Según el texto, cualquier acción gubernamental que infrinja este principio constitucional constituye inconstitucionalidad conforme al artículo 277.
La carta define la subsidiariedad como un requisito para que las decisiones políticas se tomen en el nivel más cercano a los ciudadanos, describiéndola como una revolución necesaria contra la tradición portuguesa de centralismo estatal y monopolios. El autor sostiene que el sistema actual favorece una "estatocracia" sobre la democracia al priorizar el control estatal mediante decretos ministeriales en lugar de empoderar a las instituciones locales.
Para ilustrar un modelo alternativo, el autor incluye una traducción oficial de un texto del Ministerio de Instrucción italiano sobre la autonomía escolar en Italia. El sistema italiano se describe como organizado basándose en la subsidiariedad y la autonomía institucional, donde las escuelas públicas poseen independencia pedagógica, organizativa y de investigación. Según la Ley n.º 59/1997, las escuelas italianas tienen personalidad jurídica y pueden gestionar su propia contabilidad, adoptar planes de formación trienales y celebrar contratos y asociaciones con entidades públicas y privadas.
La carta critica el sistema educativo portugués por su falta de autonomía funcional, señalando que, aunque un gobierno anterior bajo el ministro Marçal Grilo intentó lanzar estatutos de autonomía escolar, la burocracia superior bloqueó estos esfuerzos. El autor señala ejemplos recientes de centralización, como la decisión ministerial sobre libros de lectura obligatorios y la selección centralizada de libros de texto gratuitos, caracterizando este enfoque como un gobierno mediante decretos ministeriales en lugar de leyes.
El texto destaca una discrepancia en el reconocimiento profesional entre los docentes de la educación no superior y los profesionales de la educación superior, la medicina o la ingeniería. Argumenta que los profesores de escuelas públicas son tratados como funcionarios ejecutivos sin autonomía significativa, a pesar de su competencia. El autor sugiere que las reformas deberían alinear la autonomía de las escuelas no superiores con la de las instituciones de educación superior, otorgándoles mayor dignidad y medios operativos.
La carta hace referencia a un manifiesto de 2020 titulado "En defensa de las libertades educativas", firmado por figuras destacadas como el cardenal Manuel Clemente, el expresidente Aníbal Cavaco Silva y varios líderes políticos. Este documento surgió de una controversia sobre la asignatura obligatoria "Educación para la Ciudadanía y el Desarrollo", específicamente en relación con una familia de Famalicão que se negó a participar basándose en la objeción de conciencia ante temas de género y sexualidad.
El autor concluye instando al Ministro de Educación y al Ministro de Reforma del Estado a implementar cambios que reduzcan el centralismo. Las reformas propuestas buscan otorgar a las escuelas públicas no superiores una mayor autonomía funcional, similar al modelo italiano, lo que incluye objetivos específicos como combatir las desigualdades sociales, promover la ciudadanía activa y garantizar el derecho al estudio mediante itinerarios educativos personalizados.
Fuentes: Observador.