Coiba, un archipiélago frente a la costa pacífica de Panamá, es conocido hoy por su abundante fauna y sus ecosistemas en gran medida intactos. Pero durante 85 años, la isla también albergó una colonia penal donde, según relataron antiguos presos, había trabajos forzados, golpizas y otros abusos. La prisión cerró en 2004 y, posteriormente, la UNESCO reconoció la zona como Patrimonio Mundial.
Esa historia ha vuelto a cobrar protagonismo después de que Panamá trasladara a 29 presos a una base aeronaval de Coiba en junio, tras una fuga masiva de la prisión La Joyita. Según informes, otras tres personas fueron enviadas allí en agosto. El presidente José Raúl Mulino dijo que la medida respondía a necesidades de seguridad nacional y buscaba desarticular las redes criminales que operan dentro del sistema penitenciario. Su gobierno no respondió a las solicitudes de información de BBC Mundo.
Los traslados han generado preocupación entre organizaciones ambientalistas y científicos. En una declaración firmada en junio, el Centro de Defensa Ambiental de Panamá y otros grupos sostuvieron que la ley que rige la reserva no contempla que allí se mantenga a presos y limita el uso del territorio a la administración del parque, la investigación científica y el ecoturismo. El Ministerio de Ambiente de Panamá dijo que no había habido impacto ambiental porque no se necesitaba construir nueva infraestructura para alojar a los reclusos.
Coiba abarca 270.125 hectáreas, incluidas sus zonas marinas y terrestres, y es el parque marino más grande de Centroamérica. Investigadores estudian sus arrecifes, su fauna y las rutas migratorias de especies como las ballenas y los tiburones. El biólogo marino Edgardo Díaz Ferguson describe las islas como un vivero natural que sustenta la vida marina y contribuye a la pesca en tierra firme. La UNESCO también ha identificado la zona como un refugio para especies que han desaparecido de gran parte de Panamá.
La prisión se estableció en 1919 como una colonia autosuficiente. Los reclusos trabajaban sin paga en granjas y vivían principalmente en campamentos distribuidos por la isla principal. Durante la dictadura militar de Panamá, de 1968 a 1989, antiguos presos denunciaron malos tratos, alimentación y atención médica insuficientes, y trabajo excesivo. Un informe de 2002 de la Comisión de la Verdad de Panamá incluyó testimonios sobre brutales golpizas y otros abusos.
Narciso “Mali Mali” Bastidas, hoy asistente de investigación y guardaparques, cumplió una condena de 10 años en Coiba tras ser declarado culpable de asesinato, un cargo que, según afirma, se basó en una confesión que le arrancaron por la fuerza. Recuerda que le asignaron despejar la selva y dice que las autoridades penitenciarias sometían a los reclusos a actos de violencia. Más adelante trabajó con investigadores que estudiaban la isla y la recuperación de sus ecosistemas.
La prisión de Coiba cerró en 2004, después de un incidente ocurrido en 1998 en el que cuatro reclusos que intentaban escapar fueron asesinados por presos rivales. El historiador Ezer Vierba dijo a BBC Mundo que la masacre contribuyó a acelerar el cierre, aunque el costo de mantener una prisión remota también fue un factor.
En agosto, familiares de los presos trasladados a la reserva protestaron frente al Ministerio de Gobierno de Panamá para pedir acceso a sus parientes y a sus abogados. Los investigadores dijeron que, al momento de publicarse el informe, los últimos traslados no habían afectado su trabajo. Bastidas considera que la medida es una respuesta a una emergencia de seguridad y no un plan a largo plazo, y espera que la isla siga protegida para las generaciones futuras.
Fuentes: Folha Mundo.