El lunes 2 de noviembre, un juez federal de EE. UU. bloqueó temporalmente los esfuerzos del gobierno de Trump para impugnar la elegibilidad de los votantes que sospecha que no son ciudadanos estadounidenses. La decisión impide que las agencias federales envíen a los estados listas de esos votantes o pidan a los funcionarios electorales que aparten sus papeletas o retrasen su recuento hasta verificar su ciudadanía.

La jueza Tanya Chutkan señaló que los datos del Gobierno podrían no ser fiables, lo que crea el riesgo de que se impida votar a personas inscritas que sí reúnen los requisitos. El caso fue presentado por organizaciones defensoras del derecho al voto y de la privacidad, que alegaron que compartir las listas infringiría la Ley de Privacidad de 1974, una norma que limita la divulgación por parte del Gobierno federal de información personal sensible.

El Departamento de Justicia sostuvo que las cartas enviadas a California y Washington tenían como objetivo hacer cumplir una ley federal que prohíbe votar a los no ciudadanos, y que esas cartas no constituían una política que un tribunal federal pudiera revisar. El Gobierno había exigido a los estados que no contabilizaran las papeletas de las personas identificadas en listas gubernamentales como posiblemente carentes de ciudadanía estadounidense.

La decisión supone otro revés judicial para los esfuerzos del presidente Donald Trump por ampliar la intervención federal en la administración electoral antes de las elecciones de mitad de mandato, que determinarán los escaños de la Cámara de Representantes y del Senado. El voto de los no ciudadanos es ilegal, y las pruebas disponibles indican que es extremadamente infrecuente. Trump ha acusado repetidamente a los estados, que administran las elecciones, de permitir que voten personas no ciudadanas.

La decisión se suma a otras actuaciones judiciales relacionadas con las exigencias del Gobierno. Un juez federal de Los Ángeles rechazó la petición del Departamento de Justicia de exigir a California que apartara temporalmente las papeletas enviadas por correo de más de 20.000 votantes inscritos que, según el departamento, probablemente no eran ciudadanos. Un tribunal de apelaciones también denegó la solicitud del departamento de medidas de emergencia mientras se examina su apelación. Por separado, un juez federal de San Francisco ordenó al departamento que dejara de amenazar con demandas a los funcionarios electorales estatales y locales por no cumplir las exigencias del Gobierno.

Fuentes: CNN Brasil.