Más de 11.000 hogares en Alemania han denunciado ante las autoridades públicas alquileres presuntamente excesivos a través de la «aplicación contra la usura en los alquileres» del partido La Izquierda desde su lanzamiento en noviembre de 2024. El grupo parlamentario afirmó que las cifras se basaban en una evaluación del uso de la aplicación en 39 ciudades; Bremen se incorporará al programa.

La aplicación fue consultada más de 333.000 veces durante el periodo de dos años. En 215.941 casos, es decir, en casi dos tercios de todas las comprobaciones, clasificó como excesivo el alquiler introducido por los usuarios. Muchos inquilinos no remitieron sus casos a las autoridades, algo que La Izquierda considera que podría estar relacionado con el temor a perder sus viviendas.

Según el grupo parlamentario, entre las 11.157 denuncias presentadas ante las autoridades, los alquileres superaban de media en un 66 % los valores comparativos pertinentes. Sus cálculos indican que los hogares afectados necesitarían reducciones medias mensuales de más de 250 euros.

Berlín registró el mayor uso de la aplicación. Los inquilinos introdujeron sus datos 123.698 veces, lo que dio lugar a 5.083 denuncias ante las autoridades. Solo en el distrito de Friedrichshain-Kreuzberg, La Izquierda afirmó que se habían impuesto multas por un total de 81.600 euros, de los cuales se habían pagado efectivamente 27.500 euros.

Berlín cuenta con alrededor de 1,75 millones de viviendas de alquiler. La mayoría de los contratos son antiguos, y el índice de alquileres de la ciudad sitúa el precio medio en 7,75 euros por metro cuadrado. Las condiciones más difíciles afectan a las personas que buscan vivienda, ya que la construcción nueva y las viviendas desocupadas son escasas.

En virtud de la Ley alemana de Infracciones Económicas, cobrar más de un 20 % por encima del alquiler comparativo local puede constituir una infracción administrativa si el arrendador se aprovecha de la escasez de viviendas disponibles. Los alquileres que superan en más de un 50 % el nivel pertinente pueden constituir, bajo determinadas condiciones establecidas por la jurisprudencia, un delito penal.

Fráncfort del Meno ha adoptado las medidas más contundentes, según las cifras citadas por La Izquierda. La oficina de vivienda de la ciudad ha iniciado más de 1.000 procedimientos desde 2020 y ha conseguido reembolsos por un total de 330.330 euros. Más recientemente, una vivienda compartida recibió el reembolso de unos 26.700 euros de alquiler.

La Izquierda también afirmó que la aplicación había animado a varias ciudades a introducir sus propias herramientas de cálculo de alquileres. Caren Lay, diputada, sostuvo que los municipios necesitan un apoyo más firme del Gobierno federal para hacer frente a las subidas ilegales de los alquileres, y afirmó que los alquileres excesivos habían generado millones de euros para los arrendadores.

Fuentes: Der Spiegel.