El Gobierno portugués está siendo criticado por la respuesta policial a las recientes manifestaciones en apoyo del derecho a la vivienda. Durante un debate de Explicador 360, el diputado socialista Pedro Delgado Alves acusó al Ejecutivo de colocar a la Policía de Seguridad Pública (PSP) en una posición insostenible al intentar retirar las tiendas de campaña y limitar las manifestaciones sin explicar claramente su política.

Alves sostuvo que la legislación de 1974 que regula las manifestaciones ha sido interpretada, en general, de acuerdo con la Constitución, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las orientaciones de la Fiscalía General de la República. A su juicio, el reciente cambio en el tratamiento de las tiendas de campaña y los horarios de las protestas representa una ruptura con la práctica establecida, y no el resultado de un problema jurídico que necesariamente deba ser resuelto por el Parlamento.

El diputado socialista también cuestionó la proporcionalidad de las intervenciones policiales. Afirmó que las manifestaciones no habían ocupado permanentemente el espacio público de una manera que impidiera a otras personas utilizarlo, y señaló la situación en la Praça Dom Pedro IV de Lisboa, donde, según dijo, la protesta ocupaba únicamente una parte de la zona central. Describió el uso de la fuerza para retirar las tiendas de campaña y dispersar a los manifestantes como el aspecto más preocupante de los acontecimientos, y advirtió de que podría afectar a la confianza pública en el derecho de manifestación.

Carlos Bastos Leitão, superintendente de la PSP, coincidió en que la legislación presenta importantes deficiencias y en que su interpretación ha variado con el tiempo. Dijo que esta incertidumbre afecta a la policía porque debe aplicar las normas en un contexto en el que la posición pública del Gobierno parece oscilar entre la negociación, las exigencias de retirar las tiendas de campaña y otras restricciones.

Leitão afirmó que, en el caso debatido, la policía parecía intentar alcanzar un compromiso al pedir que se retiraran las tiendas de campaña, manteniendo al mismo tiempo cierto grado de tolerancia. No obstante, argumentó que este enfoque puede generar incertidumbre e incoherencia en las decisiones policiales. También sostuvo que se habían lanzado objetos contra los agentes durante las manifestaciones de Lisboa y afirmó que la reacción de algunos manifestantes fue más allá de lo que él consideraría una protesta pacífica.

Alves rechazó la idea de que la policía deba tener un amplio margen de discrecionalidad para decidir, caso por caso, si las tiendas de campaña pueden formar parte de una manifestación. Subrayó que el derecho constitucional de manifestación no depende de una autorización previa. Según dijo, las restricciones pueden ser necesarias cuando están en juego otros derechos o usos del espacio público, pero deben equilibrarse con el derecho de reunión, en lugar de tratarse como un permiso administrativo.

Como ejemplo, Alves se refirió a los mercados navideños previstos en Rossio, argumentando que su instalación podría generar la necesidad de coordinar el uso de la plaza con una futura manifestación. Insistió, sin embargo, en que esto no significaría que una protesta necesitara autorización de las autoridades políticas o administrativas.

El debate también se centró en si las recientes actuaciones policiales reflejan instrucciones políticas del Gobierno. Alves afirmó que las declaraciones públicas del ministro del Interior, incluidas las peticiones para que terminaran los campamentos, sugerían que la PSP estaba siendo utilizada como escudo de una decisión política destinada a reducir la intensidad o cambiar el formato de las protestas. Argumentó que esto colocaba a la policía en una posición que no debería tener que ocupar.

Leitão también afirmó que la comunicación del Gobierno había sido deficiente y que se estaba dejando a los agentes policiales afrontar las consecuencias sobre el terreno. El debate terminó con la cuestión aún sin resolver: mientras Alves consideraba las recientes intervenciones un intento político de restringir las manifestaciones, Leitão hizo hincapié en la incertidumbre operativa creada por los mensajes cambiantes y las interpretaciones contradictorias de la ley.

Fuentes: Observador.