La red ferroviaria de alta velocidad de España atraviesa una crisis de confianza tras el reciente accidente de Urda, y la seguridad y la financiación de la infraestructura han pasado a ser temas de debate de cara a las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. El debate también ha reavivado las preguntas sobre el accidente de Angrois de 2013 y sobre si la extensa red ferroviaria española recibe suficiente inversión para su mantenimiento.
El artículo informa de que este año han muerto 115 personas mientras viajaban en trenes de alta velocidad. También recuerda el desastre de Angrois, en el que murieron 80 personas y 150 resultaron heridas cuando un tren Alvia descarriló en julio de 2013. El tren circulaba a 190 km/h por una curva cuyo límite era de 80 km/h. El sistema automático de frenado ERTMS no estaba operativo; según el artículo, se había desconectado a petición de Renfe y con la autorización de Adif, después de que unos problemas técnicos provocaran retrasos.
El accidente de Urda ha suscitado nuevas preguntas sobre la responsabilidad y la confianza en el sistema. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que restablecer la confianza pública es una prioridad, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha planteado la posibilidad de cerrar durante un máximo de dos años la línea Madrid–Barcelona para revisar su seguridad. El presidente de Cataluña, Salvador Illa, ha dicho que no considera necesaria tal suspensión.
El artículo enmarca estas preocupaciones en un problema de financiación de más largo plazo. España construyó una red de alta velocidad de unos 4.000 kilómetros, la más extensa de Europa, y está construyendo otros 700 kilómetros, con otros 700 previstos. La inversión en grandes infraestructuras fue especialmente elevada entre 1985 y 2008, pero cayó bruscamente tras la crisis financiera. Un informe de 2020 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España advirtió de un desequilibrio entre la inversión y el mantenimiento. Un estudio posterior de los economistas del transporte Anna Matas y José Manuel Vassallo llegó a conclusiones similares.
El déficit de mantenimiento es especialmente evidente en las carreteras: el artículo señala que las administraciones públicas gastan menos del 55% de lo que se considera necesario, lo que deja una brecha anual estimada de 2.000 millones de euros. El mantenimiento ferroviario es más difícil de cuantificar, pero las fuentes técnicas citadas en el artículo también consideran insuficiente el gasto.
La liberalización ferroviaria ha aumentado sustancialmente el número de pasajeros y ha reducido las tarifas, mientras que la calidad del servicio ha disminuido. Renfe, Iryo y Ouigo compiten ahora en las rutas más transitadas. Según las últimas cifras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España citadas en el artículo, los trenes comerciales de alta velocidad transportaron 44,5 millones de pasajeros en 2025, el doble que en 2019, mientras que las tarifas cayeron más de un 40% tras la liberalización. Al mismo tiempo, la satisfacción de los pasajeros bajó 22 puntos entre 2020 y 2025.
El artículo sostiene que el debate electoral incluirá la cuestión de si España puede mantener su infraestructura de forma más eficaz pagando menos impuestos, y de dónde procedería la financiación para hacerlo.
Fuentes: La Vanguardia.