El Tribunal Constitucional de Polonia se ha convertido en el centro de un nuevo enfrentamiento político y jurídico. La suspensión temporal de su presidente y su vicepresidente ha provocado nuevas acusaciones de conducta ilegal y de golpe de Estado, en medio de una disputa sobre si los jueces recién nombrados pueden asumir sus cargos.

La Coalición Cívica, de centroizquierda y liberal, del primer ministro Donald Tusk ganó las elecciones parlamentarias de 2023 con la promesa de restablecer el Estado de derecho tras dos mandatos del partido conservador Ley y Justicia (PiS), liderado por Jarosław Kaczyński. El Gobierno de Tusk no ha conseguido aprobar los cambios legislativos que se comprometió a impulsar, mientras que el presidente Karol Nawrocki, elegido en 2025, ha usado su poder para vetar o retrasar leyes al remitirlas al Tribunal.

El tribunal está integrado por 15 jueces, elegidos por mayoría absoluta en el Sejm, la cámara baja del Parlamento polaco, para mandatos de nueve años. Desde que Tusk asumió el cargo, el Parlamento ha elegido a ocho jueces para cubrir vacantes. Nawrocki ha tomado juramento a tres y no se lo ha administrado a los otros cinco. Estos jueces prestaron juramento ante el presidente del Sejm. En un dictamen del 13 de octubre, la Comisión de Venecia afirmó que el presidente debía tomar juramento a los jueces elegidos por el Parlamento.

La disputa inmediata gira en torno a una medida provisional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, emitida en mayo, que exige a las autoridades polacas permitir que los nuevos jueces desempeñen sus funciones. El viceministro de Justicia, Dariusz Mazur, afirma que el presidente y el vicepresidente del Tribunal se lo han impedido. El fiscal general, Waldemar Żurek, ha abierto una investigación penal contra ambos funcionarios por el presunto incumplimiento de sus deberes y el viernes solicitó que se les retire la inmunidad.

La jueza Anna Korwin-Piotrowska, la integrante con más años de servicio en el tribunal, asumió como presidenta interina, suspendió temporalmente a los dos funcionarios y convocó una asamblea general para el martes. La legalidad de su decisión y del procedimiento sigue siendo objeto de disputa. Sus partidarios sostienen que los funcionarios suspendidos no deberían decidir sobre un asunto que les afecta; otros cuestionan si la ley contempla este curso de acción.

La disputa se trasladó a la calle y al edificio del tribunal el viernes y durante la madrugada del sábado. Ambos bandos llamaron a la policía para proteger el lugar, mientras políticos y simpatizantes se congregaban en el exterior. Cuatro personas fueron detenidas. Nawrocki, que viajaba a Senegal, anunció que regresaba. Según el relato del informe original, llegó al Tribunal alrededor de la 1 de la madrugada e intentó entrar por la fuerza. Żurek afirma que las acciones del presidente podrían constituir un delito. A su vez, la Presidencia acusa a tres jueces de amenazar la integridad física del jefe de Estado.

El Gobierno de Tusk afirma que la derecha está presionando al Tribunal y ha defendido la presencia policial. Los partidos de la oposición y sus simpatizantes acusan al Gobierno de organizar un golpe de Estado. La disputa también ha aparecido en publicaciones en redes sociales de figuras europeas de extrema derecha, integrantes del movimiento MAGA de Estados Unidos y el expresidente ruso Dmitri Medvédev.

El conflicto se remonta a 2015, cuando un Parlamento liderado por la Coalición Cívica nominó a cinco jueces poco antes de perder el poder, aunque solo había tres vacantes disponibles. El PiS eligió entonces a cinco jueces, pese a que solo tenía derecho a cubrir dos puestos. El entonces presidente, Andrzej Duda, se negó a tomar juramento a los tres jueces que habían sido elegidos válidamente y, en su lugar, tomó juramento a los cinco candidatos del PiS. Los nombramientos controvertidos han contribuido a que se cuestione la composición del Tribunal y la legitimidad de algunos de sus fallos.

El Tribunal ha resuelto casos de gran trascendencia política, entre ellos uno sobre el aborto, y sigue siendo una importante fuente de poder institucional. El Gobierno de Tusk considera que su composición es defectuosa y no publica ni aplica sus decisiones en el diario oficial del Estado. A menos de un año de las elecciones parlamentarias, la disputa ha elevado lo que está en juego para ambos bandos: el Gobierno quiere que el tribunal funcione con los jueces recién elegidos, mientras que el PiS favorece mantener la situación actual.

Expertos independientes han pedido una solución basada en el consenso, que incluya jueces no partidistas y un proceso de nombramiento diseñado para equilibrar el poder político. Mazur afirma que el Gobierno propuso anteriormente exigir una mayoría parlamentaria de tres quintos para los nombramientos y excluir a candidatos que hubieran ocupado cargos políticos de alto nivel durante los cuatro años anteriores. Duda remitió ese proyecto de ley al Tribunal, donde quedó paralizado. Desde entonces, los partidos de derecha y los socios conservadores del Gobierno han pedido una reforma más amplia del tribunal y de su sistema de nombramientos.

Tusk ha rechazado esa propuesta. En una publicación en X el lunes, dijo que el presidente debía reconocer a los jueces elegidos por el Sejm y permitirles asumir sus funciones. Sostuvo que esto podría resolver la disputa sin necesidad de cambios constitucionales.

Fuentes: El País Internacional.