La reforma propuesta del Código de Circulación de Italia ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y está siendo examinada por el Senado. El proyecto de ley, impulsado por el ministro de Transportes, Matteo Salvini, incluye medidas más estrictas para algunas infracciones, pero se ha criticado su enfoque general por el posible efecto limitador sobre la eficacia de las medidas de control de la seguridad vial.

Los conductores condenados por infracciones graves por conducir bajo los efectos del alcohol tendrían que instalar un dispositivo de bloqueo por alcoholemia durante un periodo de dos a tres años. El dispositivo impide que el vehículo arranque si detecta alcohol. En cuanto a la conducción bajo los efectos de las drogas, el proyecto de ley modificaría la norma vigente: en lugar de exigir pruebas de que el conductor estaba bajo sus efectos en el momento de un control policial, podría bastar con un resultado positivo en una prueba de drogas si el Senado aprueba el texto sin cambios.

El borrador también aumenta las sanciones por usar el teléfono mientras se conduce. Las multas actuales oscilan entre 165 y 660 €, además de cinco puntos del carné y la posible suspensión de la licencia para quienes reincidan en un plazo de dos años. En virtud de la reforma, la suspensión podría durar hasta 120 días. Sin embargo, la aplicación de la norma seguiría dependiendo en gran medida de que los agentes presenciaran directamente la infracción o investigaran después de un accidente, ya que el proyecto de ley no contempla dispositivos electrónicos de detección.

También podría aplicarse una suspensión de corta duración a otras infracciones, como los adelantamientos ilegales, circular en sentido contrario, no ceder el paso o no respetar los semáforos, y el uso indebido del cinturón de seguridad o de los sistemas de retención infantil. La medida se limitaría a los conductores con menos de 20 puntos del carné a quienes se sorprendiera cometiendo una infracción; según el artículo, este grupo representa alrededor del 2 % de los automovilistas.

El artículo también cuestiona las disposiciones que afectan a los conductores jóvenes y al exceso de velocidad. Durante sus primeros tres años, los conductores noveles podrían conducir coches más potentes: la relación potencia-peso permitida aumentaría de 55 kW por tonelada a 75 kW por tonelada. Para las infracciones por exceso de velocidad reiteradas que se registren en el plazo de una hora en el mismo tramo de carretera y bajo la misma autoridad, el proyecto de ley permitiría imponer una sola multa, incrementada en un tercio, en vez de sanciones por separado.

Las normas sobre los radares de velocidad son otro punto de controversia. En una sentencia del 19 de abril, el Tribunal de Casación de Italia señaló que la homologación de un dispositivo no era suficiente si este no había sido también certificado oficialmente. El artículo indica que esto podría dar lugar a impugnaciones de las multas por exceso de velocidad. También se espera que un próximo decreto del Ministerio de Transportes imponga restricciones sobre dónde pueden instalarse los radares, entre ellas la exigencia de documentar que los agentes no pueden detener los vehículos de manera segura en ese lugar.

Según los criterios propuestos que describe el artículo, en general no se permitirían radares en carreteras cuyo límite de velocidad esté más de 20 km/h por debajo del límite máximo estándar para ese tipo de vía. En zonas urbanas, estarían prohibidos donde el límite sea inferior a 50 km/h. El artículo señala que esto podría implicar que, para hacer cumplir los límites de 30 km/h cerca de escuelas u hospitales, se necesitarían patrullas policiales en lugar de radares automáticos.

Además, los municipios tendrían que justificar ante el Ministerio de Transportes la creación de nuevas zonas de 30 km/h. El artículo sostiene que las velocidades más bajas reducen la gravedad de los accidentes y cita investigaciones que indican que, en una situación de frenado repentino, un coche que circula a 30 km/h necesita 13 metros para detenerse, frente a 28 metros si circula a 50 km/h. También afirma que a esta última velocidad el riesgo de que un peatón sufra un impacto mortal aumenta considerablemente.

La reforma también afectaría a las normas sobre ciclismo. Haría inaplicables las disposiciones introducidas en 2020 para los carriles bici y otras medidas relacionadas con las bicicletas, a la espera de una nueva normativa que, según el artículo, restringiría su uso. En conjunto, la crítica expuesta es que el proyecto de ley endurece algunas sanciones, pero dificulta la aplicación de determinadas formas de control de velocidad y de políticas urbanas que reducen la velocidad.

Fuentes: Corriere della Sera.