Documentos internos filtrados del partido Alternativa para Alemania (AfD) exponen un caso controvertido que involucra a Rüdiger Imgart, quien actualmente sirve como juez constitucional honorario en Baviera. En enero de 2016, la asociación distrital del AfD de Alta Baviera-Suroeste solicitó urgentemente la expulsión de Imgart, citando sus presuntas opiniones radicales y su racismo. La asociación advirtió que permitirle permanecer en el partido podría llevar a su apertura hacia círculos de extremistas de derecha.
Los documentos, verificados por BR Recherche como auténticos, detallan acusaciones graves contra Imgart presentadas ante el tribunal arbitral estatal en abril de 2016. Se le acusó de haber utilizado insultos raciales en Facebook, menospreciado a grupos poblacionales específicos y establecido estructuras paralelas a través de los llamados "cenas de camaradería". Además, los informes sugerían que había considerado la cooperación con el Partido Nacional Democrático (NPD). A pesar de estos hallazgos, la dirección del partido estatal bajo Petr Bystron y Katrin Ebner-Steiner optó por no expulsarlo. En su lugar, suspendieron sus derechos de membresía durante un año y medio, impidiéndole votar o presentarse a elecciones internas.
Imgart apeló esta sanción ante el tribunal arbitral federal (BSG). Aproximadamente un año después, el BSG revocó las penalidades por completo, restaurando los plenos derechos de membresía de Imgart y ordenando al partido que cubriera sus costos legales. El tribunal federal dictaminó que la solicitud original de Baviera era formalmente inválida debido a una firma faltante requerida por los estatutos del partido. En consecuencia, el tribunal consideró innecesario un examen sustantivo de las acusaciones específicas.
La experta legal Kathrin Groh, profesora en la Universidad de la Bundeswehr de Múnich, criticó este resultado. Argumentó que descartar medidas disciplinarias tan graves basándose únicamente en un error formal era inapropiado e implicaba implícitamente que las acusaciones no eran severas. Imgart ha negado las acusaciones, declarando que las publicaciones de Facebook en cuestión en gran parte no eran suyas y que nunca persiguió una orientación extremista ni buscó alinearse con extremistas de derecha.
Tras su rehabilitación dentro del partido, la carrera política de Imgart avanzó significativamente. Se convirtió en candidato para el parlamento estatal y fue elegido para los consejos locales en Weilheim. En 2018, a propuesta del grupo parlamentario del AfD, fue nombrado miembro no profesional del Tribunal Constitucional de Baviera, el tribunal más alto del estado. Este nombramiento suscitó fuertes críticas por parte de Groh, quien lo describió como una recompensa para un individuo previamente señalado por tendencias radicales.
En agosto de 2020, Imgart fue fotografiado en una manifestación en Berlín junto a representantes de Pegida, un grupo vigilado por el servicio de inteligencia bávaro. El evento contó con banderas imperiales e intentos de asaltar el Bundestag. Si bien Imgart confirmó su presencia, declaró que no participó en las acciones posteriores en el edificio del parlamento. Ha afirmado públicamente su compromiso con el orden básico democrático y la dignidad humana. Sin embargo, Groh considera esto como un mero cumplido verbal, señalando que los jueces constitucionales deben demostrar una lealtad excepcional a la constitución. El politólogo Michael Koß describió el caso como paradigmático de la radicalización continua del AfD. Imgart fue reelegido para su cargo como juez constitucional honorario por el parlamento estatal bávaro a principios de 2024 y continúa desempeñando el cargo.
Fuentes: Tagesschau.