Después de un accidente, los partidos de la oposición exigen explicaciones y responsabilidades políticas, mientras los miembros del Gobierno piden cautela y acusan a sus rivales de explotar el dolor. Los nombres concretos, el lugar y la fecha pueden cambiar, pero el patrón sigue siendo conocido.
El artículo sostiene que los partidos deberían mantener los mismos criterios cuando cambia su posición. En la oposición, la responsabilidad suele atribuirse directamente al presidente. En el Gobierno, es más probable que esa cadena se detenga en un responsable técnico o en un nivel intermedio.
Exigir explicaciones forma parte de la rendición de cuentas democrática, y las peticiones de dimisión no tienen necesariamente que esperar a una resolución judicial. La dificultad, sin embargo, reside en aplicar ese principio de manera coherente, con independencia de qué partido sea responsable.
El texto cita varios casos españoles. El PSOE pidió la dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón, por la gestión de la dana, una exigencia que el artículo considera legítima. En el desastre ferroviario de Angrois, el PP y el PSOE bloquearon durante años una comisión de investigación en el Parlamento gallego, pese a las posibles responsabilidades que podían afectar a la exministra del Partido Popular Ana Pastor y a su predecesor socialista, José Blanco.
Las circunstancias y las responsabilidades fueron distintas en cada caso, pero el autor observa una tendencia recurrente a describir las peticiones de dimisión como esenciales o inaceptables dependiendo de a quién se dirijan. Tras la Tragedia ferroviaria de Urda, Alberto Núñez Feijóo reclama la salida de Pedro Sánchez y Óscar Puente, mientras el Gobierno defiende a esos responsables públicos.
Los nombres pueden volver a cambiar en el futuro, al igual que los argumentos políticos. Sin embargo, las familias afectadas por estas tragedias no pueden recuperar las vidas que tenían antes.
Fuentes: La Vanguardia.